El hijo de la diputada liberocartista Roya Nigsa Torres Báez se suma a la lista de los que ya están mejor en el gobierno de Santiago Peña. Poco tiempo después de terminar el colegio, Elías Martín Godoy Torres accedió a su “primer empleo” en la Cámara de Diputados, donde funge de “asesor” y percibe G. 9.500.000 mensuales. La contratación se dio sin concurso público de méritos y aptitudes.
Mientras miles de jóvenes peregrinan para conseguir el primer empleo en cualquier puesto laboral, el hijo de la diputada liberocartista Roya Nigsa Torres Báez entró por la ventana en la Cámara de Diputados y percibe una millonaria remuneración.
El nuevo privilegiado funcionario público es Elías Martín Godoy Torres, de 19 años, hijo de la diputada Torres Báez y del intendente de Presidente Franco, Roque Godoy Jara (PLRA). El matrimonio pertenece al equipo político encabezado por el senador Dionisio Amarilla.
Según la planilla de la Secretaría de la Función Pública, el joven Godoy Torres fue incorporado al plantel de funcionarios de la Cámara Baja el pasado 22 de septiembre, durante la presidencia de Raúl Latorre (ANR).
Los documentos oficiales indican que el hijo de la diputada Torres percibe una remuneración mensual de G. 9.500.000, con un horario laboral de 7:30 a 13:30 en el Poder Legislativo.
Cargo de asesor
De acuerdo a la planilla, en la Cámara de Diputados, Godoy Torres ocupa un cargo de “asesor”, un puesto generalmente destinado para la contratación de personal especializado en una materia; aunque, en la práctica, se emplea para repartir jugosos salarios a familiares y operadores políticos de las autoridades.
En el apartado de profesión de la planilla de Godoy Torres figura: “No obra en legajo”. Difícilmente que cuente con un título profesional a los 19 años.
Al igual que otros familiares de legisladores, la incorporación del hijo de la diputada Torres a la función pública fue sin concurso de méritos y aptitudes.
La diputada Torres Báez integra la bancada liberocartista de la Cámara de Diputados y desde su curul apoya las iniciativas provenientes desde el sector oficialista.
En su anterior mandato 2018-2023, la legisladora altoparanaense también fue funcional al cartismo y había votado contra el protocolo de trazabilidad, que pretendía combatir el tráfico de cigarrillos.
ABC