Tras el impactante asesinato de la adolescente María Fernanda Benítez, de 17 años, a manos de su pareja, también de 17, la jueza en lo penal de la Niñez y Adolescencia de Amambay, Liz Carolina Gonçalves Silva, brindó una entrevista a Radio Urundey FM para aclarar el marco legal que rige los hechos punibles cometidos por adolescentes en Paraguay.
La jueza enfatizó que, a diferencia de los adultos, los menores son juzgados bajo el Código de la Niñez y la Adolescencia, que establece parámetros y penas diferentes, priorizando la educación y la reinserción.
Explicó que para que un adolescente sea penalmente responsable, debe cumplir dos requisitos fundamentales: haber cumplido los 14 años de edad y someterse a una evaluación psicológica forense. Esta evaluación debe determinar que el adolescente comprende la gravedad del hecho cometido. La jueza recalcó que su juzgado es el único especializado en esta materia en todo el departamento de Amambay, abarcando todos sus distritos, lo que significa que todo adolescente que cometa un hecho punible debe ser juzgado por su despacho, a menos que se determine que ya cumplió los 18 años o que aún no ha alcanzado los 14.
En cuanto a las penas, la magistrada aclaró que el Código de la Niñez y la Adolescencia difiere significativamente del Código Penal para adultos. La pena máxima para un adolescente es de ocho años y la mínima es de seis meses, independientemente de la gravedad del delito. La jueza puso como ejemplo el caso de Coronel Oviedo, señalando que, aunque la indignación social por la posible liberación de un menor en seis meses es comprensible —y ella misma, como madre, comparte esa preocupación—, la ley está diseñada para la educación y reinserción del adolescente en un centro educativo, no en una penitenciaría.
Al ser consultada sobre los casos más recurrentes en su juzgado, la jueza Gonçalves Silva mencionó que predominan los delitos contra la propiedad, como hurtos y robos. También hay casos relacionados con microtráfico de drogas, conocidos como «delivery» de pequeñas cantidades, y de manera preocupante, un alto índice de «exposición a peligro en el tránsito terrestre», que encabeza la lista de hechos punibles cometidos por adolescentes en la región.
Respecto al creciente número de casos relacionados con redes sociales, como acosos a menores o bullying, la jueza indicó que su juzgado interviene únicamente cuando el autor del hecho punible es también un adolescente. Si el acosador es un adulto, la competencia recae en el juzgado de garantías. La jueza reconoció que el bullying y la creación de perfiles falsos para hostigar a compañeros son lamentablemente «muy de moda», aunque las denuncias formales en ese sentido aún no son tan frecuentes.
Finalmente, la jueza Liz Carolina Gonçalves Silva adelantó que se está preparando un proyecto para lanzar campañas de prevención y concienciación en los colegios a partir de este mes. El objetivo es educar a los adolescentes sobre qué conductas constituyen un hecho punible, ya que muchos desconocen las implicaciones legales de sus actos. Esta iniciativa busca ser un aporte crucial a la sociedad para evitar que más jóvenes infrinjan la ley.