📰 ESPECIAL: La doble vara — Cuando la fiscalización olvida la propia historia
Por Redacción — Asunción, octubre de 2026
En el ejercicio del poder, la coherencia suele ser la primera víctima del discurso. En Paraguay, la senadora Esperanza Martínez ha asumido en los últimos meses un rol protagónico: integrante de la comisión especial del Senado que investiga presunta corrupción en el Instituto de Previsión Social (IPS) y el Ministerio de Salud, además de requerir formalmente informes sobre compras, distribución y manejo de insumos médicos en la actual administración. Su tono es firme, su postura se presenta como la de una figura intachable, vigilante de la ética pública. Sin embargo, la historia documentada de su propia gestión al frente de la cartera sanitaria plantea interrogantes ineludibles.
📋 Los antecedentes que no se borran con discursos
Entre 2008 y 2012, durante el gobierno de Fernando Lugo, Esperanza Martínez encabezó el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Su paso por la institución dejó una estela de cuestionamientos que no son meras opiniones políticas: están respaldados por informes de la Contraloría General de la República, denuncias formales, investigaciones fiscales y debates parlamentarios.
Medicamentos sobrevalorados y fondos sin explicación
En febrero de 2012, la Fiscalía de Delitos Económicos abrió investigación por presuntas sobrefacturaciones en adquisiciones de fármacos. La denuncia, presentada por trabajadores del sector, señalaba que algunos productos habían sido adquiridos con precios hasta un 4.000% superiores a los valores de referencia establecidos por la autoridad sanitaria. Si bien esa cifra corresponde a la denuncia y no a una condena firme, el hecho de que la investigación se abriera confirma la gravedad de las señales de alerta.
Paralelamente, la administración transfirió aproximadamente 28 millones de dólares a organismos del sistema de Naciones Unidas para la compra de ambulancias, medicamentos e infraestructura sanitaria. La Cámara de Diputados pidió que los antecedentes pasaran a la Fiscalía y que la Contraloría auditara el procedimiento, al considerar que se habrían vulnerado normas presupuestarias y de contratación pública.
Conflicto de intereses y adjudicaciones cuestionadas
Una licitación por unos 4 millones de dólares fue adjudicada a la empresa Rieder & Cía., donde se desempeñaba como auditor general el hermano de la entonces ministra, Hugo Martínez Lleida. El vínculo familiar planteó dudas sobre el cumplimiento de la Ley 2051 de Contrataciones Públicas. Aunque el implicado negó tener injerencia comercial, la Contraloría detectó incumplimientos de cronogramas, obras inconclusas y trabajos que no respetaron especificaciones técnicas, y señaló expresamente a Esperanza Martínez entre las autoridades responsables al momento del llamado.
Millones sin respaldo y fármacos vencidos
El informe de la Contraloría correspondiente al ejercicio 2012 resulta especialmente revelador:
– G. 16.634 millones en gastos sin documentación que acreditara la recepción de bienes o servicios;
– 38.413 unidades de medicamentos correspondientes a 11 lotes vencidos o próximos a vencer;
– Una pérdida estimada en G. 7.499 millones por esos productos;
– Pólizas de seguro por G. 462 millones que no se ejecutaron pese a obras no concluidas.
Martínez dejó el cargo en junio de 2012, por lo que no todos los hallazgos pueden atribuírsele en bloque. Sin embargo, los procedimientos y mecanismos de compra que dieron origen a esos desajustes se implementaron durante su gestión.
Medicamentos oncológicos y justicia que no llegó
En 2011 se firmaron contratos por G. 11.000 millones para adquirir fármacos destinados al Instituto Nacional del Cáncer. Parte de los productos terminó venciendo sin uso. La causa penal que siguió involucró a funcionarios, con sentencias que fueron anuladas y, finalmente, prescribió en octubre de 2023 sin que se dictara condena firme contra la senadora ni contra otros imputados. La prescripción no equivale a inocencia: significa que el Estado perdió la posibilidad de juzgar los hechos.
⚖️ La pregunta que la senadora no responde
Hoy, desde su banca, Esperanza Martínez señala deficiencias, exige transparencia y se presenta como guardiana de la rectitud. Pero la ciudadanía tiene derecho a preguntar:
¿Qué mecanismos de control propone para evitar que se repitan las irregularidades detectadas durante su propia administración?
La memoria colectiva no puede ser selectiva. No se trata de condenar sin juicio, sino de exigir coherencia: quien juzga debe estar dispuesto a ser juzgado con el mismo rasero. Quien denuncia hoy compras irregulares, sobrecostos y falta de medicamentos —problemas que afectaron al pueblo paraguayo durante su gestión— debe explicar qué aprendió y qué propone para que no vuelvan a ocurrir.
La salud pública no es moneda de cambio político. Los miles de paraguayos que no recibieron atención, los medicamentos que se perdieron, los recursos que faltaron para atender a quienes más lo necesitaban, merecen algo más que discursos acusatorios. Merecen respuestas, reparación y, sobre todo, que quienes tuvieron responsabilidad en el pasado no pretendan erigirse ahora en jueces sin reconocer su propia historia.
Fuentes: Ficha oficial de Esperanza Martínez en el Senado; informes de la Contraloría General de la República (2012); Cámara de Diputados, pedido de auditoría de 2012; ABC Color, investigaciones periodísticas 2012–2023; Senado de la Nación, integración de comisión especial septiembre 2026.