Anulan juicio oral que condenó a policías del GEO de Pedro Juan por montaje y tentativa de extorsión
El Tribunal de Apelación en lo Penal de Amambay anuló el juicio oral que había condenado a los policías del GEO Johny Amarilla, Alcides Villa Robles y Nelson Solís Chamorro, sentenciados a penas de hasta ocho años de prisión por tentativa de extorsión y persecución de inocentes. La resolución detectó graves irregularidades procesales y ordenó un nuevo juicio.
El Tribunal de Apelación en lo Penal de Amambay resolvió anular el juicio oral y público que había derivado en la condena de tres efectivos del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional, al constatar serias irregularidades procesales que vulneraron garantías básicas del debido proceso.
La sentencia anulada había sido dictada por un Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Mario Francisco Peralta Ovelar, Clara Gregoria Martínez Balbuena y Marcelina Quintana de Acosta, y fue el resultado de la acusación sostenida por la agente fiscal Katia Uemura, quien logró condenas de 8 años de prisión para el oficial Johny Amarilla y 5 años de reclusión para los suboficiales Alcides Villa Robles y Nelson Solís Chamorro. Los tres debían cumplir sus penas en la Agrupación Especializada de Asunción.
El caso se remonta al 6 de diciembre de 2019, cuando alrededor de las 12:30 horas, en la intersección de las calles Cristóbal Colón y General Bruguez de Pedro Juan Caballero, los agentes habrían plantado un paquete de drogas en el vehículo de una persona, con el objetivo de incriminarla falsamente y exigirle dinero a cambio de no procesarla, configurando los hechos punibles de tentativa de extorsión y persecución de inocentes.
Durante el juicio oral, la Fiscalía presentó elementos probatorios que permitieron al tribunal de primera instancia dictar condena. Sin embargo, la defensa, ejercida por el defensor público Ricardo Aníbal Beraud y el abogado Idilio Acosta González, interpuso recurso de apelación, denunciando múltiples causales de nulidad.
Entre los puntos más graves valorados por el Tribunal de Apelación se encuentra la incorporación irregular de una prueba considerada clave, sin origen ni cadena de custodia debidamente acreditada, así como una pericia viciada, realizada sobre dispositivos no identificados y por un perito que no se encontraba habilitado oficialmente al momento de emitir su dictamen.