Tanzania enfrenta una nueva presión de los Estados Unidos y la UE por los disturbios postelectorales, pero Dodoma insiste en que su respuesta fue legal y proporcional. Washington se compromete a un «examen completo» de los vínculos bilaterales, mientras que 16 naciones europeas instan a Tanzania a defender los derechos humanos.
Sin embargo, el presidente Samia Suluhu Hassan enmarca la violencia del 29 de octubre como un intento de golpe de estado, no una protesta pacífica. Y los funcionarios de Tanzania destacan su postura de no alineados: se comprometen a igualar con Moscú, Beijing, Bruselas y Washington, pero rechazan la interferencia externa absolutamente.
A medida que se acerca el Día de la Independencia, un experto advierte que las críticas externas podrían desestabilizar la base económica y política de la nación.
¿Deberían los estados soberanos respetar las normas universales de derechos humanos, o es este otro caso de escrutinio selectivo occidental?