Panorama Fronterizo

Familiares del suboficial primero Carlos Fretes Brítez, quien era custodio del diputado Juan Manuel Ayala Acevedo y cuyo vehículo fue atacado a balazos el pasado 23 de agosto, reclaman la falta de apoyo de las autoridades policiales y el escaso avance en la investigación del atentado. Fretes Brítez pidió su traslado por temor a represalias después del ataque, pero asegura que no ha recibido ningún tipo de ayuda por parte de sus superiores, a pesar de sus reiteradas solicitudes.

El atentado ocurrió el 24 de agosto pasado cuando dos hombres a bordo de una motocicleta Honda CB1 dispararon contra el automóvil de Fretes, un Toyota Corolla gris con chapa DAU 731, que estaba estacionado en el paseo central de la avenida Fernando de la Mora en Pedro Juan Caballero. El vehículo fue impactado por 14 disparos y Criminalística recogió de la escena 23 vainas servidas y percutidas. Afortunadamente, no se registraron heridos en el ataque.

Fretes Brítez prestaba servicios a cargo de la Dirección de Policía de Amambay, como seguridad del diputado Juan Manuel Ayala Acevedo, que a su vez es sobrino de José Carlos Acevedo, quien ocupaba el cargo de intendente de la ciudad de Pedro Juan Caballero y que murió tras ser atacado por sicarios a escasos metros de la Municipalidad de dicha ciudad.

El uniformado decidió trasladarse de Pedro Juan Caballero junto con su familia por razones de seguridad. Sus hijos abandonaron la escuela, y a pesar de la gravedad de la situación, no ha recibido respaldo institucional desde el ataque.

Además, los familiares critican el escaso avance en la investigación liderada por el fiscal José Luis Torres. A pesar de que el atentado fue captado por cámaras de seguridad, hasta la fecha no se ha identificado a los atacantes. “No es posible que no puedan avanzar con los elementos que tienen a mano”, expresaron los allegados de Fretes, quienes siguen esperando respuestas de las autoridades.

Por su parte, el comisario general Ignacio Muñoz, director de Policía en Amambay, explicó que dio curso a pedido del uniformado, quien había solicitado su traslado y que el mismo quedó a cargo de la Comandancia de la Policía Nacional. Explicó que el personal, desde un inicio, no quiso colaborar con la investigación y que incluso cambió varias veces su versión sobre lo ocurrido.

No obstante, se están analizando las grabaciones de las cámaras de seguridad para intentar identificar a los responsables, dijo. Agregó que es comprensible la preocupación de la familia, pero que no está en sus manos la solución.

ABC

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